Propuestas para la construcción de paz
Desde hace más de 15 años, México ha estado inmerso en un conflicto armado principalmente relacionado con el crimen organizado y el narcotráfico. A lo largo de este tiempo, la respuesta del Estado ha sido siempre la misma: prohibición, punitivismo y militarización. Esa fórmula, repetida una y otra vez, ha demostrado su fracaso, dejando una estela de violencia y sufrimiento en la sociedad. Un gobierno feminista puede aportar una nueva perspectiva, distanciándose del legado patriarcal que busca la paz mediante la dominación, las armas y el castigo. Al reconocer que muchas personas se convierten en victimarios tras haber sido víctimas, podemos enfocar la prevención desde una perspectiva de cuidados en la que el Estado debe estar plenamente comprometido.
Desde OCUPA proponemos un cambio de visión, desarrollar las propuestas de construcción de paz enfocadas en interrumpir las violencias atendiendo a las necesidades de cuidados de las víctimas, victimarios y sus comunidades y círculos cercanos.
Generar políticas públicas prioritarias y especializadas en la atención a infancias y juventudes en riesgo de ejercer o vivir violencias, de la mano con organizaciones de la sociedad civil nacionales y organismos internacionales.
Objetivo: Romper los círculos de violencia y asegurar una vida digna y pacífica para las infancias y juventudes expuestas al conflicto armado.
Dirigido a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en grupos delictivos; huérfanos a causa del conflicto; con padres o madres en prisión.
Estas políticas deberán ser diferenciadas, integrales, presupuestadas e implementadas en los diferentes niveles de gobierno, particularmente estatal y municipal, conforme a las necesidades específicas del territorio y poblaciones.
Reorientar de las políticas educativas, para centrar su misión en la formación de personas y comunidades pacíficas.
Incorporar pedagogías inclusivas que incluyan herramientas de mediación, reconciliación y resolución pacífica de conflictos.
Diseñar e instrumentar políticas para mitigar los impactos del narcotráfico en las comunidades más afectadas por la violencia a gran escala, a través de acciones diferenciadas.
Diseñar e implementar modelos especializados en la salud psicosocial de las víctimas directas e indirectas del conflicto armado.
Diseñar políticas para evitar la cooptación de juventudes por parte del narcotráfico.
Prevenir y atender el desplazamiento forzado mediante medidas de inclusión.
Desplegar políticas públicas de prevención del delito y de la reincidencia, que privilegien la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento, para que las personas privadas de la libertad puedan reparar el daño y reincorporarse de manera exitosa a la sociedad, en especial las mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas de la diversidad sexogenérica, comunidades indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Legislar con enfoque de prevención: Abordar la prevención del delito desde un enfoque integral, transversal, especializado y de género, involucrando a todas las comunidades.
Facilitar la reparación del daño: Incentivar la industria penitenciaria para que las personas privadas de su libertad puedan trabajar y así facilitar la reparación del daño a las víctimas.
Incentivar la reinserción social: Implementar acciones afirmativas para la reinserción social de las personas liberadas, garantizando igualdad de oportunidades y evitando la reincidencia.
¡Nos necesitamos todas y todos para construir un futuro distinto!
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