Por Mariana Beltrán
Cárcel es una palabra que proviene del latín carcer. Significa edificio con rejas donde ponen a los presos. En palabras de Lucía Núñez, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, no solo es un lugar de aprisionamiento de cuerpos, es una medida aleccionadora para ciertas formas de ser en el mundo.
—Es un nicho de exclusión para lanzar mensajes, para contener excedentes de aquellos que no se adaptan a un sistema económico que excluye; que genera subjetividades simbólicas y morales sobre “lo bueno” y “lo malo”; formas de desear, incluso formas familiares y de sexualidad aceptadas.
Hace tres siglos que la encarcelación fue empleada como principal forma de castigo estatal en Europa con el crecimiento del capitalismo. Hoy, en México, aún con el encarcelamiento acelerado de presuntos culpables y una cifra que asciende a 224 mil personas privadas de la libertad, seguimos siendo «un país de víctimas», como dice Paola Zavala, abogada y cofundadora de la Organización Comunitaria para la Paz (OCUPA).
El 94.8 por ciento de los delitos denunciados en el país quedan impunes y en 2020, el 85 por ciento de las 108 mil 655 personas a las que se les aplicó prisión preventiva no se les había probado siquiera que hubieran cometido un delito.
El sistema punitivo no es algo que se cuestione hoy, Angela Davis, activista icónica por su entrega a la causa de la justicia racial ha discutido cómo el encarcelamiento como solución punitiva reproduce el racismo.
Davis ha dicho: «la racialización de las poblaciones carcelarias no es una característica fortuita». Como tampoco lo es que en el país quienes van a la cárcel son en su mayoría personas con condiciones de vulnerabilidad económica y niveles educativos bajos, que no pueden costear una defensa particular y se ven obligados a llevar su proceso con abogades de oficio que defienden su caso y el de hasta trescientas personas más.
En un país agobiado por la corrupción y las cifras de violencia la idea esparcida sobre que la justicia es igual a cárcel opaca la realidad. La violencia estructural se traduce en que 1 de cada 3 personas en la cárcel se encuentra sin sentencia y una cuarta parte de ellas ha esperado más de dos años para recibir sentencia.
Los estragos de la reforma de 2019 con la que se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, se reflejan en el disparo de la población penitenciaria y especialmente en las mujeres: «Hoy en la cárcel son más las mujeres inocentes que las condenadas», resalta una investigación de Animal Político en colaboración con Intersecta.
En palabras de la activista y abogada, Violeta Assiego, si se quiere construir la resolución de conflictos desde un frente muy distinto al de la justicia masculinizada, patriarcal y punitiva, se tiene que tomar en cuenta las voces de las mujeres y el feminismo no puede apoyar como solución emancipadora la prisión. A eso le llamó «justicia feminista».
Paola Zavala de OCUPA lanza preguntas a modo de pistas para entender cómo inconscientemente las cárceles, el sistema procesal del Estado, sus dinámicas y la militarización nos han llevado a una justicia patriarcal:
—¿Cuánto se está invirtiendo para pensar que el castigo es la única forma de justicia? ¿Cuánto en armamentos, cuánto en Guardia Nacional, cuánto en legislaciones, cuánto en cárceles y jueces? Todo eso solo le está dando justicia al 6 por ciento de las personas víctimas y sobrevivientes de la violencia.
El enfoque antipunitivista en tiempos de violencias
Para hablar del enfoque antipunitivista, hay que dejar claro que «antipunitivismo no es igual a impunidad». Mucho menos inacción individual y colectiva. Alguna vez leí: El silencio no es antipunitivismo. Es silencio.
Lucía Núñez se ha dedicado a estudiar la relación entre la justicia penal y la teoría del género, los feminismos y la victimología crítica.
—No apostemos por la cárcel, dice la profesora universitaria e investigadora del CIEG-UNAM como conclusión.
Ella es, además, abogada acompañante de mujeres que han sufrido violencia y asegura que es muy difícil ser antipunitiva cuando ves tanto dolor, tanta injusticia e impunidad. Pero como movimiento político, remata:
—No podemos dejar pasar lo que sistemáticamente produce y reproduce el sistema penal. Queremos quitarle poder a los aparatos represivos y punitivos que son sexistas, que son racistas, que son clasistas. Eso es lenguaje de una crítica que no tiene que ver con un caso en concreto, es estructural. Si no hacemos esa crítica, entonces no podemos pensar en otras formas de justicia para imaginar una sociedad sin cárcel.
¿Cómo pensar en clave antipunitivista sin caer en la revictimización o desprotección de las personas que sufren violencia?
—En mi caso doy acompañamiento a víctimas y yo no le digo a una víctima que no denuncie porque será punitiva o que el dolor que está sufriendo es malo porque es una vengativa. Nada más alejado que eso, puntualiza Lucía Núñez.
Sostiene que para la gran mayoría de las mujeres que sufren las violencias no es el objetivo principal que las personas que cometieron un daño estén en la cárcel. Están de acuerdo con la crítica al sistema penal de que es un calvario denunciar, seguir un proceso, enfrentarte a las revictimizaciones del sistema, la pérdida de tiempo, el desgaste emocional para tener una pena que en realidad no deja nada.
Explica que la reparación integral del daño no existe cuando son casos de graves violaciones a derechos humanos o de feminicidios. Aunque haya o no una sobreviviente, la búsqueda es la no repetición del delito y un proceso de desvictimización y de recuperación para las sobrevivientes. Trabajan para que esa persona no sea instrumentalizada por los discursos legitimantes del Estado que dejan a las víctimas como víctimas por siempre.
—Y lo tienen muy claro, a lo mejor no inmediatamente, porque hay un proceso de duelo. Ese proceso tiene que ser respetado y acompañado pero hay un momento de transformación. Es un proceso de conciencia crítica para salirnos del discurso legitimante de este sistema que nos promete justicia y al final no la tenemos. Lo único que tenemos es un cuerpo encerrado en el que se va a repetir la problemática todo el tiempo, porque las violencias se reproducen en las cárceles, la violencia de género se reproduce en la cárcel. Reproducimos lo que queremos eliminar.
La desigualdad dentro de los marcos legales
¿Qué sucede actualmente con las alternativas para la resolución de conflictos penales? Núñez explica que en México tenemos la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y también en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales hay figuras reguladas por la Ley nacional que son la junta restaurativa, la mediación y la conciliación.
Añade que en materia de violencia de género existen recomendaciones y nuestra propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia enuncia que no es conveniente usar la mediación en caso de violencia familiar. A eso se suman recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Aunque ninguna de esas estructuras lo prohíbe, no lo recomiendan. Lo que sí lo prohíbe es el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no permite acuerdos reparatorios cuando existen esas figuras en materia de violencia familiar.
A diferencia de otra parte del movimiento feminista que dice que la mediación es insostenible y debe ser prohibida porque no hay igualdad y existen antecedentes de mujeres que son presionadas para que lleguen menos casos a los tribunales, Núñez opina que este tipo de prohibiciones generales han llevado a tener resultados adversos por estar pensadas para un tipo de mujer:
—Puede ser que para una mujer de clase media, le venga muy bien que se prohíba mediar y que se le obligue al varón a reparar si es que tiene los medios. Pero puede ser que una mujer que esté muy precarizada y que tenga un marido muy precarizado, esté obligada a mediar su situación para lograr la manutención de sus hijes. No le va a convenir que el marido se vaya a la cárcel porque lo poco que ganaba no se lo va a poder dar. Y muchas veces en estos casos, como está prohibida la mediación, acaban otorgando el perdón en delitos en los que está permitido hacerlo. Entonces no hay mediación porque el tipo de políticas de prohibición borran las diferencias y las circunstancias de la diversidad de mujeres, y se les revictimiza al verlas siempre como víctimas que no pueden tomar formas de acción en determinados contextos, de acuerdo con sus necesidades y sus capacidades.
Para la Doctora en Ciencias Sociales una propuesta concreta es hacer análisis contextual e ir caso por caso. Y resume, de no ser así, hay dos efectos de este tipo de políticas: cuando las mujeres necesitan negociar no pueden porque está prohibido por el Estado y hay un mensaje simbólico de que la mujer en ningún caso puede decidir porque está en una situación estructural desigual.
Punitivismo en lo cotidiano: ¿Por qué creemos en soluciones simples con efectos perversos?
Dice la filósofa argentina Moira Perez que el punitivismo no se reduce al castigo que viene por parte del Estado. El punitivismo es sin más «un sistema de creencias y prácticas basadas en la idea de que el castigo es un medio adecuado para la resolución de conflictos.»
Ya antes de preguntarle a Lucía Núñez y Paola Zavala, la activista afrodescendiente e integrante de AFROntera, Valeria Angola, había dedicado un espacio para hablar sobre el registro nacional de agresores.
Ella escribió:«Es una medida que desborda la cárcel de sus límites físicos, el registro discrimina y estigmatiza a las personas que ya cumplieron una pena y que se reintegran socialmente. Tampoco garantiza su privacidad personal y familiar.»
En la conversación con Lucía y Paola salieron algunas reflexiones:
Zavala explica que el padrón es inconstitucional y se basa en la idea de que una persona es delincuente y solo puede ser delincuente toda su vida.
Nuñez complementa que hay que evidenciar por qué creemos en soluciones simples con efectos perversos. Este tipo de políticas no solamente no transforman, sino que generan daños en otras mujeres.
Los hombres no son seres aparte, sino que conviven estrechamente con las mujeres: son hijos, padres, abuelos, mejores amigos, parejas, tenemos vínculos con ellos. Y no se les permite reconocer el daño que han causado porque se les cortan todos los vínculos. Son “hijos sanos del patriarcado” y eso no lo comprenderán mientras estén estigmatizados en una ventanilla o en una página de internet.
Parafraseando a la investigadora del CIEG-UNAM, el feminismo que cree en el sistema penal, inconscientemente cree en la justicia patriarcal, que no repara ni hace justicia.
¿Dónde está la salida? ¿Es individual o colectiva?
Por más que le encante la idea anarquista, Lucía Núñez tiene claro: el Estado está ahí y le gusta más la idea de limitarlo.
—No podemos conformarnos con respuestas sencillas como inserción de más tipos penales o aumentos de sanciones, eso no dice nada. Para mí eso es instrumentalización del dolor. El Estado debe intervenir con garantías jurídicas de efectividad de derechos para transformar en la medida de lo posible las situaciones de desigualdad estructural que llevan también muchas veces a actos de violencia concreta.
Hablar de salidas implica romper categorías punitivas. Para Paola Zavala esa potencia se traslada en el trabajo con personas que salieron de la cárcel para entender sus entornos y planes de vida, en políticas públicas de prevención del delito diferenciadas a partir de los contextos geográficos para incidir en la paz barrial.
Y en las conversaciones críticas hacia lo punitivo: que pueden acentuar la lógica patriarcal y racista del castigo fuera o dentro de sistema de justicia, o plantear la resolución de conflictos desde un frente muy distinto al de la otra justicia.
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